Uno de los grandes defectos entre los iberoamericanos es que no saben perder.
No solamente nuestros deportistas no aceptan la responsabilidad de la derrota, sino tampoco nuestros economistas y funcionarios públicos.
Siempre se encuentra un chivo expiatorio, un tercer culpable del fracaso, pero nunca se atribuye el fracaso a incapacidad, error en los cálculos, falta de previsión o ignorancia.
Un ejemplo lo tenemos en la agricultura Iberoamericana. A principios del siglo XX Iberoamérica era una región agrícola y muchos de nuestros países tenían excedentes. Hoy, casi todos los países iberoamericanos tienen que importar productos alimenticios de Estados Unidos y Canadá.
En lugar de analizar el por qué de los fracasos, con base en la realidad y auxiliados por datos estadísticos, se busca una justificación y culpar, lo mismo al mal tiempo que a las grandes potencias, de los reveses sufridos; pero casi nunca se acepta la responsabilidad del fracaso; sólo palabras vagas y sin fundamento de casi todos nuestros dirigentes. Y lo más lamentable es que aún después de haber fracasado en forma rotunda y palpable no se rectifica, sino que se trata de tapar el sol con un dedo y hacer creer que todo va bien.
Nos hacen falta planteamientos con base en la realidad y en las experiencias obtenidas. En política se pueden justificar los errores, pero la economía no perdona errores, y los más perjudicados no son los que planearon, sino los pobres campesinos en cuyo nombre y dizque para su bien se elaboran planes y mejoras.
Mientras no haya sinceridad y suficiente honestidad para rectificar y aceptar nuestros errores, nuestro progreso agrícola y todos los demás campos de la producción, se encontrará con barreras originadas más por nuestra necedad o deshonestidad intelectual, que por los fenómenos del clima o los imperialismos.

Los partidarios del sistema colectivista o ejidal, de una u otra forma tratan de acabar con el sistema de propiedad privada, por considerarlo una fuente de injusticia social. Por otro lado, con justa razón, los partidarios del sistema de propiedad privada y de mercado no consideran coherente y lógica la existencia de un sistema que, más que ser una fuente de riqueza para nuestro país, es una causa de gastos y desaprovechamiento de la productividad de la tierra.
Iberoamérica debe decidirse por la adopción del sistema de propiedad privada para la explotación de sus recursos agrícolas. Pues es la región que más eficacia necesita en su producción agrícola y no puede darse el lujo de adoptar sistemas que no le den el máximo rendimiento a sus recursos.
En México, los resultados de cada uno de los dos sistemas mencionados son evidentes; aunque se han querido ocultar por razones políticas y sectarias.
A finales de la década de los setenta, los créditos a ejidos y organizaciones ejidales superaban los 5 mil millones de pesos mexicanos, y gran parte de esos créditos (4 mil millones de pesos) fueron considerados oficialmente irrecuperables, lo cual significó una gran pérdida de recursos para la nación mexicana. Los recursos destinados a establecer el sistema ejidal en México han sido muchos mayores que los beneficios que haya aportado ese sistema al progreso agrícola. Aproximadamente (no son datos oficiales) entre un 70 y un 75% de las tierras cultivables (riego y temporal) están en manos de ejidatarios y sólo producen del 25 al 30% del producto agrícola nacional; mientras que las tierras cultivables en manos de pequeños propietarios, que representan del 25 al 30% del área total, aportan del 70 al 75% de la producción agrícola nacional.
Las tierras en manos de los pequeños propetarios tienen tres veces más rendimiento por hectárea que las tierras en manos de ejidatarios.
Estos datos nos hacen concluir, claramente, que el sistema ejidal es un fracaso y que su implantación sólo ha beneficiado a pequeños grupos, que más que campesinos son sus explotadores.
La colectivización de la tierra no sólo fracasó en México desde tiempos de Cárdenas, cuando los intentos de mantener vivos los ejidos colectivos costaron millones de pesos al erario público, sino también la experiencia mundial nos señala el fracaso de las economías agrarias colectivizadas.
¿O qué, acaso los defensores de la colectivización no se han enterado de que año con año tanto China como la URSS tienen que comprar millones de toneladas de cereales a los países con economías no colectivizadas o de mercado?
¿Ignorancia? ¿Mala fe?, o quizá sea lo que dijera mi amigo el escritor sudamericano: que gran parte de los escritores socializantes en Iberoamérica están al servicio de sectores norteamericanos interesados en mantener baja la producción agrícola en México, para poder vendernos sus productos y evitar la competencia.
Para eso necesitan “intelectuales” que nos convenzan de que la colectivización es la panacea en nuestros países.
En la realidad, los sistemas que se encuentran bajo “las obsoletas formas de propiedad privada y competencia”, han hecho posible, gracias a sus abundantes cosechas, que pueda comer gran parte del mundo socialista.

Soluciones al Problema Agrícola

El problema agrícola en Iberoamérica es tan complejo, que no bastan soluciones exclusivamente económicas para salir adelante. Nos encontramos con obstáculos como en analfabetismo y la gran falta de conocimientos técnicos y de aspiraciones por la mayoría de la población rural.
Sin embargo, daremos algunos lineamientos generales de política agraria, que consideramos básicos para superar los problemas que plantea el agro en Iberoamérica:

1º El régimen de explotación agrícola debe estar basado en la propiedad de la tierra de los campesinos, los que implica libertad para vender, sembrar, arrendar, etc.; según sea de mayor utilidad a los propietarios.

2º Desechar el criterio erróneo de dividir la tierra en pequeños fundos, con la creencia de que entre más pequeños sean los fundos, mayor será la justicia social; pues para que determinados cultivos sean costeables con necesarias grandes extensiones de terrenos. No debe ser un límite a la productividad agrícola el tamaño de los predios.

3º Garantías, por parte del gobierno, a los agricultores, de que sus propiedades serán respetadas y no estarán sujetas a ninguna expropiación o redistribución arbitraria con la excusa de favorecer a grupos campesinos sin tierras.

4º Convertir a los ejidatarios en verdaderos propietarios de la tierra, con los derechos y riesgos que dicho cambio implica.

5º Transformar los organismos gubernamentales que hasta la fecha han tenido como objeto la repartición de tierras y el financiamiento de los ejidos, en organismos de enseñanza. El presupuesto enorme destinado a organismos agrarios y ejidales con un resultado mínimo, destinarlo a nuevos organismos que tengan la finalidad primordial de realizar una labor de enseñanza, que comprenda desde la alfabetización de los campesinos hasta la enseñanza de técnicas modernas de explotación agrícola.