INTRODUCCIÓN


Ya vimos cómo Menéndez Pelayo refutó a Llorente en el asunto de los "sabios perseguidos por la Inquisición". En mi medio social he tenido oportunidad de ver muchas veces cómo se echa en cara a la Inquisición el haber sido tan "retrógrada e intransigente", impidiendo -según sus críticos- el desarrollo de la Ciencia y la propagación de la Cultura.
Una paradoja a la que no pueden escapar es la que conocen los que saben de Historia de España. El Siglo XVI fue el Siglo de Oro de España, y también de la Inquisición. En las Letras, en las Armas, en la Geografía, Navegación, Descubrimientos, Investigación Natural, España vive sus más brillantes momentos cuando más fuerte está la Inquisición, y por inferencia es ilógica la acusación de retrógrada que se ha hecho a la Inquisición.

Y hablando de intransigencia, a los críticos de la Inquisición les parece detestable que la Iglesia haya proscrito ciertas obras en su Índice de Libros Prohibidos... en teoría para ellos no debería haber censura eclesiástica de ningún tipo, a nada. ¡Hay quienes hasta hallan condenable que en la Antigüedad, San Ireneo de Lyon haya relegado los Evangelios Gnósticos y Apócrifos!

Vamos a ver, pues, cómo estudia Menéndez Pelayo el asunto de los Libros Prohibidos por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, tema que desarrolla en el Epílogo IV del Libro V de su obra citada.

Jesús Hernández


Prohibición de Libros


- IV -
Prohibición de libros. -Historia externa del «Índice expurgatorio».


No sólo se combate a la Inquisición con retóricas declamaciones contra la intolerancia, con cuadros de tormentos y con empalagosa sensiblería. Hay otra arma, al parecer de mejor temple; otro argumento más especioso para los amantes de la libertad de la ciencia y del pensamiento humano emancipado. No se trata ya de hogueras ni de potros, sino de haber extinguido y aherrojado la razón con prohibiciones y censuras; de haber matado en España las ciencias especulativas y las naturales y cortado las alas al arte. Todo lo cual se realizó, si hemos de creer a la incorregible descendencia de los legisladores de Cádiz, en ciertas listas de proscripción del entendimiento, llamadas Índices expurgatorios. Bien puede apostarse doble contra sencillo a que casi ninguno de los que execran y abominan estos libros los ha alcanzado a ver ni aun de lejos, porque casi todos son raros, rarísimos, tanto por lo menos como cualquiera de las obras que en ellos se prohíben o mandan expurgar. Y, si no los han visto, menos han podido analizarlos, ni juzgar de su contenido, ni sentenciar si está o no proscrito en ellos el entendimiento humano. Por lo cual, y siendo mengua de escritores serios el declamar en pro ni en contra sobre lo que se sabe mal y a medias, es preciso, para entendemos sobre los Índices, declarar lisa y llanamente lo que eran, trazando primero su historia externa o bibliográfica, y luego la interna; clasificando y aun enumerando los principales libros que vedó o mandó tachar el Santo Oficio; tarea no tan larga y difícil como sin duda habrán pensado los críticos liberales y tarea indispensable si nuestras conclusiones sobre el decantado influjo del Santo Oficio en la decadencia de la cultura nacional han de ser cosa sólida y maciza.

El prohibir a los fieles las lecturas malas o sospechosas ha sido derecho ejercido en todos tiempos, y sin contradicción, por la Iglesia. Así se explica la desaparición de casi todas las obras de los primeros heresiarcas y el decreto del Papa Gelasio sobre los libros apócrifos, primer documento legal en la materia. A través de las oscuridades de los tiempos medios, y con las interrupciones y lagunas dolorosas que su historia ofrece, vemos que papas, concilios y obispos seguían ejerciendo en diversos modos este derecho de prohibición, necesario al buen régimen de la sociedad eclesiástica y aun de la civil. En tiempo de Recaredo arden en Toledo las Biblias ulfilanas y los libros arrianos. El Concilio de París de 1209 veda los libros franceses de teología, los cuadernos de David de Dinant y las doctrinas seudoaristotélicas del maestro Amalrico y del español Mauricio. El Concilio de Tolosa de 1229, y a su ejemplo la junta congregada en Tarragona el año 1233 por D. Jaime el Conquistador, prohíbe las traducciones vulgares de la Biblia. Y, fundada ya y organizada la Inquisición en Provenza y Cataluña, se van añadiendo a las antiguas prohibiciones del Derecho canónico, inauguradas con el Decreto de Gelasio, las que los inquisidores, con autoridad apostólica, iban haciendo. Así se prohibieron los libros teológicos de Arnaldo de Vilanova. Así fue condenado a las llamas el Virginale, de Nicolás de Calabria. Así los libros de magia y de invocación de los demonios del catalán Raimundo de Tárrega, y todos los demás de que se habla en el Directorium, de Eymerich. Así, aunque temporalmente, algunos de Raimundo Lulio, gracias a la Extravagante, de Gregorio XI, que obtuvo o forjó el mismo Eymerich.

De Castilla hay menos noticias, sin duda porque fueron rarísimos los casos de herejía manifestada en libros. Con todo eso, D. Fr. Lope Barrientos, obispo de Cuenca y confesor del príncipe D. Enrique, expurgó y condenó en parte a las llamas, no como inquisidor, sino por especial comisión de D. Juan II, y bien contra su propia voluntad, la biblioteca de D. Enrique de Villena. Y en 1479 los teólogos complutenses que condenaron a Pedro de Osma mandaron arder su libro De confessione, lo cual se llevó a cabo pública y solemnemente en Alcalá y en el patio de las escuelas de Salamanca, quemándose juntamente con el libro la cátedra en que el Maestro había explicado.

Sabemos por testimonios oscuros y nada detallados que el Santo Oficio, desde los primeros días de su establecimiento en Castilla, comenzó a perseguir los libros de prava y herética doctrina y que el primer inquisidor Fr. Tomás de Torquemada, quemó en el convento de Dominicos de San Esteban, de Salamanca, gran número de ellos. Y es sabido que Cisneros, en su fervor evangélico y propagandista, entregó a las llamas en Granada muchos ejemplares del Corán, algunos de ellos con vistosas encuadernaciones, y libros arábigos de toda especie, reservando los de medicina.

Las primeras prohibiciones de libros no se hacían en forma de Índice, sino por provisiones y cartas acordadas, de las cuales parece ser la más antigua la que el cardenal Adriano, inquisidor general, dio en Tordesillas el 7 de abril de 1521, prohibiendo la introducción de los libros de Lutero. No eran éstos conocidos aún en España, pero la prohibición respondía a un breve de León X circulado a todas las iglesias de la cristiandad. El inquisidor D. Alonso Manrique la repitió en 11 de agosto de 1530 y él y otros se valieron imprudentemente de la autoridad inquisitoria para cerrar la boca a los impugnadores de Erasmo; que al fin los inquisidores eran hombres, y no todo acto suyo es justificable.

Nada de esto se parecía aún a sistema formal de Índices, ni los primeros se redactaron en España, ni se oyó tal nombre en la cristiandad hasta el año 1546, en que, asustado Carlos V por los estragos de la propaganda luterana, solicitó de los teólogos de la Universidad de Lovaina una lista o catálogo de los libros heréticos que en Alemania se imprimían. Nuestra Inquisición hizo suyo este catálogo, y le reimprimió varias veces (2126), con algunas adiciones de libros latinos y castellanos que no habían llegado a noticia de los doctores lovanienses. Intervinieron en este primer Índice los inquisidores Alonso Pérez y el licenciado Valtodano, el secretario Alonso de León y el fiscal Alonso Ortiz. Encabézase el libro con un breve de Julio III que prohíbe la lectura y conservación de libros prohibidos y revoca todas las licencias anteriores (2127) y (2128).

No fue bastante medicina este Índice, y como las Biblias de impresión extranjera que se introducían en España desde 1528 venían plagadas de errores y herejías en las notas, sumarios y glosas, determinó D. Fernando de Valdés que se hiciera un Índice y censura especial de Biblias en 1554 (2129); trabajo muy curioso y bien hecho, en que se expurgan más de cincuenta y cuatro ediciones.

Conforme arreciaba la tormenta protestante y se multiplicaban los libros sospechosos aun en España y en lengua vulgar, iban pareciendo no suficientes, el Índice de Lovaina y la censura de Biblias. Así es que el infatigable Valdés dispuso la formación de un nuevo y copioso Índice, que salió de las prensas de Sebastián Martínez, de Valladolid, el año 1559, y forma un tomo en 4.º de primera rareza. Es piedra angular de todos los restantes.

En pos de este Índice viene el que por encargo de Felipe II formaron en Amberes varios teólogos, el principal de ellos Arias Montano, e imprimió elegantísimamente Plantino en 1570. De este Índice publicaron en 1609 (Estrasburgo) y 1611 (Hanau) los calvinistas franceses Francisco Junio y Juan Pappi una reimpresión, con prólogos y notas burlescas, adicionada con la censura de las glosas del Derecho canónico que, por encargo de San Pío V, había trabajado el maestro del Sacro Palacio, fray Tomás Manrique.

Mucho más copioso e interesante que el de Valdés para nuestra historia literaria es el que mandó formar a Mariana y otros teólogos el inquisidor D. Gaspar de Quiroga, y se imprimió en Madrid por Alonso Gómez, 1583, dividido en dos partes o tomos; uno, de libros prohibidos, y otro, de expurgatorios, con ciertas reglas sobre la expurgación, que se repitieron en todas las ediciones subsiguientes. Esta segunda parte fue reimpresa en Saumur, 1601, por los protestantes.

Don Bernardo de Sandoval y Rojas autorizó el quinto de estos Índices generales, estampado en Madrid por Luis Sánchez en 1612 y reimpreso por los protestantes ginebrinos en 1619, imprenta de Juan Crespín, con un prólogo de Horacio Turretino en burla y depresión del Santo Oficio. Este Índice tiene por separado dos apéndices; uno, que el mismo Quiroga dio en 1614 (por Luis Sánchez), y otro, publicado en 1628 por su sucesor el cardenal D. Antonio Zapata (imprenta de Juan Gómez).

Al mismo Zapata se debe el sexto Índice, publicado en 1632 (Sevilla, imprenta de Francisco de Lira), con más reglas y advertencias y muchos más libros que en los anteriores.

Su sucesor, D. Fr. Antonio Sotomayor, de la Orden de Predicadores, arzobispo de Damasco y confesor de Felipe IV, se mostró celosísimo en su oficio inquisitorio, y, no satisfecho con haber quemado más de 2.000 libros en el convento de doña María de Aragón, de Madrid, mandó publicar un nuevo Índice en 1640, en la imprenta del maldito Diego Díez de la Carrera, que decía Quevedo. El cual Índice fue reimpreso y parodiado por los protestantes, según su costumbre, en Ginebra, 1667, aunque con la fecha y lugar supuestos de la primera edición.

Finalmente, y para llevar esta historia hasta lo último, en el siglo XVIII se imprimieron hasta tres Índices expurgatorios. El primero, más voluminoso que todos los pasados, como que consta de dos tomos en folio, fue comenzado por D. Diego Sarmiento y Valladares y acabado por D. Vidal Marín, obispo de Ceuta e inquisidor general, en 1700. Con no muchas adiciones le reprodujo en 1748 D. Francisco Pérez Cuesta, obispo de Teruel, siendo la más importante y acomodada a las necesidades del tiempo un catálogo de autores jansenistas.

De este Índice es un compendio el publicado en 1790, en un solo volumen, por el inquisidor general Don Agustín Rubín de Ceballos, que incluyó ya en él gran número de libros impíos y enciclopedistas. Lo mismo se observa en un suplemento publicado en la imprenta Real en 1805, último acto literario de la Inquisición (2130) y (2131).