Publico aquí el capítulo XXI de su obra Historia de la Nación Mexicana, el que trata precisamente de la Inquisición en el virreinato de la Nueva España.


PRIMEROS AÑOS DEL CUARTO VIRREINATO

Llega don Martín Enriquez ■ Estado general de la tierra ■ Orígenes ultramarinos de la Inquisición ■ Sus orígenes en México ■ Primeros periodos ■ Institúyese plenamente ■ Legislación del tribunal ■ Su crítica ■ Punibilidad de las ideas ■ Número de procesos


Quedó gobernando esta Nueva España la desacreditada y torpe Audiencia, mas ya para entonces venía a toda vela su cuarto virrey, don Martín Enríquez de Almanza, hijo del marqués de Alcañices. Durante doce años continuos tuvo las riendas del gobierno virreinal. Comenzó con buen pie, ahuyentando en Veracruz al corsario inglés John Hawkins que se había posesionado del puerto; con la flota que ahí tenía don Francisco de Luján, derrotóle por completo en muy señalada victoria, tomando las riendas del gobierno virreinal el 5 de noviembre de 1568.

El país estaba en paz, encontróle Enríquez en mejores disposiciones que lo habían encontrado sus antecesores. Las tierras de cultivo en el interior, en la Nueva Galicia y Nueva Vizcaya ya bastaban para el aprovisionamiento abundante y bien encauzado de los habitantes del país. Los minerales de Zacatecas en plena prosperidad, lo que significaba, si no provecho directo para México, sí su engrandecimiento ante la Corona.
Había además, ya bien fundadas y como otros tantos centros de civilización, ciudades tan principales como Guadalajara, Puebla y Valladolid, Querétaro, Antequera, Zacatecas, Mérida y últimamente, en 1563, la villa de Santa María de los Lagos. Eran estas poblaciones emporios comerciales, centros de toda la industria que entonces podía esperarse y elementos de paz para muchas leguas a la redonda.
En 1570 don Martín Enríquez sintió arrestos militares, montó a caballo, calóse la visera y avanzó de presidio en presidio por el rumbo de Guanajuato, hasta los indios huachichiles, más cuando llegó Su Excelencia, los indios ya se habían pacificado. Bien pronto se convenció de que esos indios hacía mucho tiempo que ya no daban guerras, que los esfuerzos militares en gran escala eran ya innecesarios, casi desde el tiempo de Cortés. En cambio, cada día se dio más cuenta de que la guerra y perdición de la Nueva España estaba en otras razas; los negros como materia servil y aviesa, los criollos por el desamparo y falta de verdadera educación, monipodios, los españoles que huían a América para escapar de las reales justicias de Castilla, vagabundos de las playas de Andalucía, malas rezocas de moros y medio moros y mudéjares, y sobre todo de judíos, unos de ellos auténticos, pertinaces, que arrojados de España se habían refugiado en Portugal, y otros, judaizantes solapados, del tipo y cuño de aquel Ocaña que encontramos revolviendo el país a raíz de su conquista.

Por todo lo cual Enríquez, más que nadie, debió recibir con íntima satisfacción la noticia de que el supremo inquisidor de España, don Diego de Espinosa, cardenal de Sigüenza, había firmado el 25 de enero de 1569 el real decreto por el que quedaba fundado en esta Nueva España el Tribunal del Santo Oficio..

El origen de este tribunal, en lo que ha tenido de eclesiástico, debe encontrarse en la misma ley natural, en la justicia que castiga los males y en la caridad que nos fuerza a evitar el contagio de las epidemias morales y la perdición de las almas. Nuestro Divino Salvador Jesucristo, con látigos y santa ira castigó a los profanadores del templo, echó eterno sambenito de "raza de víboras" a los fariseos, mandó arrancar la cizaña de entre el trigo y arrancar también el pie y el ojo perjudiciales, aunque ello haya de ser matando a estos miembros y con sumo dolor de todo el organismo.

Por su misión divina, los obispos están obligados, so graves penas, a regir a sus fieles, lo que implica inquirir o inquisición de sus errores y culpas, inquisición que se hace precisamente para castigar en la forma y medida que sea menester. La Iglesia, desde sus tiempos primitivos, castigó con penas espirituales y tambien temporales, como disciplinas, ayunos y públicas reprensiones.
El aumento en la intensidad de las penas corporales, hasta llegar a la pena de muerte y el aplicarse mediante un tribunal especialmente reglamentado, son prácticas que datan desde principios del siglo XIII, cuando los herejes albigenses en el sur de Francia tomaron un carácter de propaganda venenosa, agresiva y encaminada a la inmediata destrucción del orden público. Fue entonces cuando el papa Inocencio III, de acuerdo con los monarcas franceses, nombró el primer tribunal, compuesto de monjes cistercienses para que, ante todo, procurasen la conversión del hereje; segundo, para que los contumaces fuesen castigados con penas del orden espiritual. Empero, si éstas no fuesen bastantes, los reos serían entregados al brazo secular, es decir, a la autoridad civil, que les aplicaba las penas temporales que en aquellas edades eran usuales contra los que gravísimamente transtornaban el orden público. Por ese mismo tiempo Santo Domingo de Guzmán fundó su Orden de Predicadores contra los herejes, aprobada por Honorio III en 1216. El mismo glorioso patriarca no pretendió nunca que sus hijos fuesen inquisidores, pero de hecho fueron escogidos por el papa Gregorio IX para este oficio, es decir, meramente para inquirir, y calificar los delitos de herejía.

Todo esto que pasaba en el corazón de la cristiandad, quisieron los Reyes Católicos, con muy buen acuerdo, que existiese en pleno vigor dentro de sus dominios. Pero también, según el estilo de estos monarcas y merced al absolutismo y diplomacias de Fernando, este Santo Tribunal, en España, fue más regio que pontificio y más civil que eclesiástico.
Bien puede decirse que desde entonces, 1483, las dos funciones características del tribunal, inquirir y juzgar, estuvieron en manos del poder civil. La Iglesia cooperó tan justa como gozosamente en la función en que necesariamente tenía que intervenir; juzgando y calificando a los que a ella entregaba el brazo secular, mas no ejecutando ella, sino devolviendo sus reos al mismo brazo secular. No condenamos, sino alabamos, la actitud de los Reyes Católicos y sus sucesores. Con ese reino suyo que entonces, sobre todo, no era más que un conglomerado de varios reinos desarrollados cada uno de por sí en todo el medioevo; con esa grande parte de España mora y medio mora de antigúisima raigambre, con toda esa judería tan repleta de dinero como de venganza, no podían los poderes civiles ver con indiferencia las ideas religiosas de cuya corrupción tendría que seguirse una espantosa ruina en todos los órdenes. Por razones parecidas y aun reforzadas, Felipe II se vio más obligado que sus antecesores a sostener e impulsar el Tribunal del Santo Oficio contra la herética pravedad y apostasía.

Como la parte más noble, aunque no la más aparatosa del Santo Oficio, fue obra de la Iglesia; en la historia de ésta por nosotros publicada, describimos más por menudo la actuación del Santo Oficio en nuestra vida cristiana y social. Baste aquí recordar que, aun antes de que México fuese conquistado, desde 1517, ya había el cardenal Cisneros nombrado inquisidores para las Indias. Dos años más tarde los padres dominicos, residentes en La Española, tuvieron semejantes poderes, todo en teoría hasta 1524; porque a fray Martín de Valencia, franciscano, traspasaron los dominicos sus poderes y el propio fray Martín, a su vez, los traspasó a fray Toribio Motolinía, de cuya letra firmado hemos visto un fragmento del primer proceso inquisitorial en la Nueva España. (V. Cuevas. Historia de la Iglesia en México, tomo I, lib 1º, cap 7º).

Cuando vinieron los dominicos, en 1526, recogieron todo lo que había del Santo Oficio; pero no conocemos proceso de este período, anterior a 1528. Hubo varios de menor cuantía y uno muy resonado de dos judaizantes, quemados en el tianguis de Santiago Tlatelolco. Cuando llegó fray Juan de Zumárraga, él quedó de inquisidor. Icazbalceta afirmó que fray Juan no usó nunca el título de inquisidor ni firmó más de un solo proceso. Con la cual afirmación sólo se prueba que el citado autor habló de lo que había y no había de nuestros archivos, sin conocerlos, porque lo primero que salta a la vista en el Archivo General y Público de la Nación, son ciento treinta y un procesos firmados por fray Juan de Zumárraga.
De ellos, trece son contra indios, y el más sonado es el del cacique de Texcoco don Carlos Chichimecatecoatl, sentenciado a muerte y quemado después de ella. Examinado y descrito en sus fuentes originales, que están en el Archivo General de la Nación, llegamos a las siguientes conclusiones con respecto al reo:

Primera: No fue "mártir" de su falsa religión como ha publicado nuestra historiografía liberalesca, pues murió renegando de sus errores.

Segunda: No fue convicto de idolatría ni de sacrificio, aunque sí parece por los testigos, que exhortó virtualmente a ello.

Tercera: Aunque convicto y confeso de amancebamiento, no por ello se le condenó a muerte.

Cuarta: No quiso librarse de la sentencia de muerte mediante la oportuna confesión de su culpa.

Quinta: Ya en el cadalso, dijo que merecía más que aquello. Respecto a Zumárraga, tenía entonces cargo y obligación de hacer justicia; el proceso fue sustancialmente válido y justo, y el cacique fue condenado por la razón única de ser hereje dogmatizador. Sin embargo de lo cual, fue el obispo reprendido desde España por el espíritu que había entonces, aunque no ley alguna, de haberse benignamente con los indios por ser "nuevos en la Fe, gente flaca y de poca sustancia".
La ley que realmente excluyó a los indios del Tribunal del Santo Oficio no vino a darse sino en 1575.

Cuando el mentado visitador Tello de Sandoval llegó a México, o sea en 1544, a sus manos pasó la presidencia del Santo Oficio y en los dos años que duró, sólo hubo cuatro procesos menores, siendo uno de ellos el del indio Juan, gobernador del pueblo de Teutalco, por idolatría, con cuyo caso y otros análogos posteriores se comprueba que no cesaron los procesos de indios con el del cacique de Texcoco.
Mas hasta entonces mismo el cargo de Inquisidor Mayor había sido algo secundario, agregado, y, por ende, menos eficaz y activo. El mismo Tello de Sandoval ya lo escribió así a don Felipe II: "Por otra mía he avisado a Vuestra Alteza la necesidad que hay en esta tierra del Santo Oficio de la Inquisición y así ha parecido por experiencia" (Carta de fray Juan de Zumárraga a Tello de Sandoval. V. en Cuevas, Documentos inéditos del siglo XVI, pág 153).

Al regreso a España del Visitador, el descuido fue siendo cada vez mayor, y poco se ganó con la venida de Montúfar, quien sólo tenía las facultades de obispo ordinario y tal vez alguna delegación de sus frailes dominicos. No conocemos proceso del período de Montúfar anterior a 1556. En este año atraparon al pirata hereje Roberto Thompson y tras un curioso proceso, por nosotros publicado, fue sentenciado a penas menores y arrojado del país. Lo propio se hizo con varios luteranos, debido a las energías muy laudables del provisor Anguis; pero a la verdad que todo esto era muy poco, dada la facilidad con que entraban los elementos corruptores, no embargante el montón de reales cédulas prohibitivas.
Así siguieron las cosas hasta muy entrado el reinado de Felipe II; y no deja de ser curioso que contemporáneamente al celo de este monarca contra herejes o judíos en España y Flandes, donde se les combatía con dinero mexicano, haya habido tanta negligencia para preservar del contagio a los propios mexicanos que pagábamos la guerra contra los herejes. Más aún, hubo una real cédula del rey católico para que pasasen, colonizasen y arraigasen en nuestra patria los mismos judíos, que, por perniciosos a la vieja España, habían sido en buena hora expulsados de ella por los augustos bisabuelos de Felipe II.
Por fin, atendiendo a incensantes peticiones, atendiendo a los abusos que, a nombre de la Inquisición, estaban haciendo en provincias frailes intemperantes e ignorantísimos, realizó don Felipe, ya de pleno y en toda forma, sus antiguos deseos y esto fue el año en que vamos de 1571. El escogido fue el muy ilustre señor don Pedro Moya de Contreras y aquí sí que tuvo buena mano el rey prudente, mandándonos a uno de los hombres de más mérito en la historia de toda la Nueva España. Era Moya de Contreras aún joven; pero sus actuaciones en Canarias y en Murcia le tenían muy justamente acreditado. El 12 de septiembre de 1571 presentaba sus credenciales ante el virrey. A Enríquez en lo particular siempre le cayó mal el recién llegado; como cae mal a ciertos viejos que ya se sienten en su ocaso, la sola presencia de los jóvenes de valer. No obstante, hubo de darle casas nuevas y cómodas, fronteras al costado oriente de la iglesia de Santo Domingo, donde arraigó el Santo Oficio hasta su extinción.

Con solemne regocijo, con mucha música por las calles, con la presencia del virrey y de lo más granado de la ciudad, se instaló el Santo Oficio. Se promulgó su misión en la Santa Iglesia Catedral, mediante el edicto que se llamaba De Gracia por cuanto en él se concedía absoluto perdón de toda pena a cuantos clpables, incluyendo en éstos a los más empedernidos herejes y judíos, sinceramente se convirtiesen, dentro de un razonable plazo; por todo lo cual se ve que la intención era, no la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
Lo que en una historia del carácter de ésta se desea saber sobre el Tribunal del Santo Oficio, son en resumen los puntos siguientes: característica de su legislación, la vida de este tribunal entre los ciudadanos pacíficos, sus relaciones y procesos judiciales contra la herética pravedad y apostasía y, finalmente, los resultados que en efecto produjo.
Tocante a los procedimientos inquisitoriales, respecto al tormento aplicado para la confesión de los reos o para su castigo; por consigna inveterada e incorregible, se viene acumulando toda la atrabilis de la leyenda negra judaico-británica, exagerándolos y declarándolos como exclusivos del Santo Oficio, pero saben bien los mismos calumniadores que fueron los procedimientos de la Inquisición como los de todos los tribunales del Medioevo. La Inquisición fue el menos duro de los tribunales españoles, como estos a su vez, eran los menos duros de los tribunales europeos.
Otros, más radicales, atacan al Santo Oficio fundados en el falso principio de la impunibilidad de las ideas. A éstos hay que marcarles el alto ahí mismo; las ideas malas libremente admitidas, aun cuando todas ellas quedasen en el cerebro del delincuente, son perfectamente punibles, no ciertamente por los hombres que no pueden conocerlas, pero sí por la Eterna Justicia. La Inquisición juzgaba de las ideas externadas y por el daño que éstas producían en el individuo y en la sociedad.

En cuanto al número de procesos de la Inquisición, hay que distinguir y es distinción importantísima, primero, entre acusación y proceso, que son cosas muy diferentes. En segundo lugar, entre procesos iniciados pero sobreseídos por falta de méritos, y procesos terminados. Estos mismos procesos terminados hay que clasificarlos entre absolutorios y condenatorios, y estos últimos condenatorios, en su inmensa mayoría se reducían a abjuración del error y penitencia leve. Condenación a perdimiento de bienes que eran aplicados a la Corona, sí se encuentran con bastante frecuencia en el siglo XVII tratándose de judaizantes, y mientras no se pruebe injusticia en cada proceso, de cada uno debe decirse que era entonces, como ahora, una de tantas sanciones del poder público contra delincuentes gravemente alteradores de la pública paz.

De nuestros personales estudios sobre la abundantísima documentación depositada en nuestro Archivo Nacional (y son 1,826 volúmenes in folio de sola la Inquisición), hemos formado una lista de los que fueron relajados en persona. Pues bien, incluyendo todos los periodos de la Inquisición y tribunales con ella relacionados, encontramos como dato cierto que desde el año de 1525 hasta el de 1820 en que definitivamente cesó este Tribunal, fueron ajusticiados con PENA DE MUERTE EN TOTAL, CUARENTA Y TRES INDIVIDUOS, aun incluyendo en este número una ejecución muy dudosa del tiempo de fray Martín de Valencia.. Después de este período, o sea en el de fray Vicente de Santa María, los ajusticiados fueron dos; en el de Zumárraga, uno; en auto de 1574 dos, en el de 1575, uno; en el de 1579 uno; en el de 1596 nueve, en el de 1601 tres; en el de 1606 uno; en el de 1649 trece; en el de 1659 seis; en el de 1678 uno; en el de 1699 uno; en el de 1715 uno. Casi todos ellos fueron extranjeros, ingleses, franceses, portugueses, judaizantes y manchados con crímenes varios de piratería, blasfemias, etc.

Un historiador de segunda mano que tuvo a bien criticar nuestras obras, leyó muy de prisa y nos tilda de que tratamos de defender a la Inquisición, fundándonos en el corto número de ajusticiados. No es así; sino que por el corto número de ajusticiados, uno cada once años, tachamos razonadamente a la Inquisición de reprobable lenidad y la inculpamos de todos los resultados que esa lenidad pudo haber acarreado a nuestra patria, por haberles dejado la cabeza sobre los hombros a los directos ascendientes de los modernos perseguidores de la Iglesia. La Inquisición enseñó a los mexicanos una gran verdad, que a los enemigos de Nuestra Santa Fe "como a lobos y perros rabiosos, inficionadores de las ánimas y destruidores de la viña del Señor los perseguiréis". Así decía el edicto del Santo Oficio. Lo malo fue que después de tan solemne enseñanza, nos dejaron bien sueltos al noventa por ciento de los lobos.

Nunca más podemos apreciar los beneficios prestados por la Inquisición que cuando por falta de ellos se llega, como hemos llegado aquí, a las depravaciones contemporáneas y cómo ha llegado la propia España, que se ahoga (1937) en una ola de sangre humana, y se separa de Dios, para quedar varios peldaños más abajo que los sátrapas de Huitzilopochtli.